Tía María: Comentarios sobre la autorización de construcción y la licencia social

 
Por Miguel Ampudia Belling
(Miembro del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenergético – GEDEM)
 
Southern Perú Cooper Corporation ha recibido recientemente la autorización de construcción del proyecto de cobre Tía María. Inmediatamente después, diversas instituciones civiles y autoridades mostraron su preocupación al respecto. En ese sentido, consideramos oportuno hacer un breve comentario sobre el proyecto minero Tía María y cuál es el contexto social en el cual se desarrolla.
 
La resolución administrativa recientemente expedida es la autorización de construcción de su planta de beneficio, para lo cual la empresa debió acreditar ser propietaria o estar autorizada por los propietarios, contar con el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA o Plan de Monitoreo Arqueológico, la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental – EIA, entre otros requisitos. En ese sentido, correspondía a la autoridad minera otorgar la autorización de construcción.
 
ACERCA DE TÍA MARÍA
 
Tía María es un proyecto minero que comprende los yacimientos La Tapada y Tía María, ubicado en el distrito de Cocachacra, Mejía y Dean Valdivia, provincia de Islay, región de Arequipa. Ambos yacimientos contienen principalmente cobre y otros minerales en pequeñas concentraciones, por lo cual su planta procesará únicamente óxidos de cobre y mediante el proceso de lixiviación se producirán cátodos de cobre de 99.99% de pureza, los cuales serán transportados vía ferrocarril desde la planta de procesamiento hasta el puerto de Matarani.
 
Su EIA contempla diversas medidas para minimizar el impacto en el medio ambiente. Por ejemplo, durante su explotación se realizará el control de polvo mediante voladuras controladas, apilamiento del mineral en domos cerrados, entre otras medidas. Los pads de lixiviación contarán con doble capa aislante de arcilla y geomembranas, para así evitar filtraciones en el suelo que puedan repercutir en daños ambientales y pérdidas del mineral por recuperar.
 
GESTIÓN DEL AGUA
 
Este punto requiere un análisis especial, ya que muchas veces los conflictos sociales giran en torno a la contaminación ambiental, propiedad de las tierras, o uso del recurso hídrico. Para este proyecto la empresa presentó inicialmente tres alternativas: construir una represa que compartiría con otros usuarios, excavar pozos para usar las aguas subterráneas del río Tambo o desalinizar agua marina. Aunque esta opción resulta mucho más costosa, la empresa finalmente ha optado por utilizar para su operación minera, agua de mar desalinizada por un proceso denominado ósmosis inversa. De esta manera, se descarta por completo el empleo de agua proveniente de la cuenca del río Tambo.
 
ANTECEDENTES AMBIENTALES Y CONFLICTOS SOCIALES
 
Un caso emblemático es Ite, donde durante muchos años se arrojaron directamente relaves mineros sobre el cauce seco de un río que había sido desviado y desembocaba directamente en la bahía de Ite. Felizmente, esto concluyó en el año 1989 con un informe de la PCM y fruto de una labor multisectorial, la cual dispuso que estos desechos fueran almacenados en una cancha de relaves. De esta manera, la empresa asume la responsabilidad de estos depósitos durante su fiscalización por parte de la autoridad administrativa, además del mantenimiento y cuidado de la zona impactada a lo largo del tiempo. Actualmente esta zona se ha convertido en un importante atractivo turístico gracias un extenso y activo humedal creado por la empresa minera, el cual es monitoreado constantemente para determinar la presencia de metales y otro tipo de sustancias.
 
Es preciso mencionar que muchos ríos de nuestro país reciben aguas servidas sin el debido tratamiento previo, o reciben residuos sólidos que no son llevados adecuadamente a rellenos sanitarios.
 
A la fecha, la empresa Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú ha sido sancionada por el OEFA con 14 multas durante los últimos años debido a incumplimientos sobre los instrumentos de gestión ambiental, sobre las normas de residuos sólidos, exceso de los límites máximos permisibles, normas de protección ambiental, entre otros. Es por ello que existe desconfianza por parte de un sector de la población respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos por la compañía minera en Tía María.
 
Esta desconfianza ha sido aprovechada por personas y agrupaciones políticas quienes ven en el discurso antagonista la actividad minera una oportunidad para poder recibir importantes beneficios e incluso ocupar importantes cargos en los gobierno locales.
 
Lamentablemente, en su afán llegan a cometer delitos como la asociación ilícita para delinquir, disturbios y extorsión en agravio del Estado y de las empresas mineras. Como muestra, tenemos a los quince dirigentes que serán llevados a juicio oral por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Arequipa, acusados por el Ministerio Público de integrar una organización criminal que usó de fachada la defensa del medio ambiente para obtener ventajas económicas. Uno de los procesados es Jesús Cornejo Reynoso, presidente de la Junta de Usuarios del valle de Tambo, para quien la fiscalía ha pedido 20 años y 6 meses de pena privativa de la libertad. También figura en la lista Pepe Julio Gutiérrez, expresidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, quien fue grabado negociando el levantamiento de la huelga a cambio de S/ 1,5 millones con la tristemente célebre frase “las lentejas al contado”. Otro sonado caso es de Ysaul Rivera, exalcalde de Ite, quien fue sentenciado a tres años de pena suspendida por el delito de peculado y además deberá devolver casi 4 millones de soles a la Municipalidad Distrital de Ite.
 
Según cifras del Ministerio de Energía y Minas, en el 2018 las transferencias a regiones por canon, regalías y derechos de vigencia y penalidad sumaron S/ 4,843 millones. En el caso de Tía María, la empresa minera estima más de s/. 30 millones en ingresos para el distrito de Cocachacra, aproximadamente S/. 60 millones para la provincia de Islay y más de s/. 100 millones para otras provincias de Arequipa. Esta importante riqueza debería ser administrada responsablemente por las autoridades regionales y locales para diseñar y ejecutar obras que contribuyan al desarrollo sostenible de sus regiones.
 
A MANERA DE REFLEXIÓN
 
Como señalaba Manuel Pulgar-Vidal: “la licencia social no es un procedimiento administrativo, es una filosofía de operaciones”. En este caso, la empresa minera ha obtenido la autorización de construcción de su planta de beneficio. Asimismo, se ha comprometido a no ejercer su legítimo derecho de construirla sin antes haber obtenido la licencia social.
 
La licencia social es el fruto del relacionamiento social de la empresa con las comunidades. Sin embargo, quizá el concepto de licencia social que muchos puedan tener esté equivocado y se entienda como un procedimiento administrativo; o también puede ser confundido como un derecho a veto y con ello proponer que los proyectos sean sometidos a consulta popular. Si se piensa en someter los proyectos a consulta o referéndum popular, antes debemos preguntarnos si los electores escogerían la mejor propuesta en base a criterios técnicos y objetivos, o si triunfaría la opción demagógica. Para muestra, tenemos a Waldo Ríos, quien llegó a ser presidente regional gracias a su promesa de regalar a cada familia 500 soles al mes provenientes del canon.
 
Las autoridades regionales locales, además de la sociedad civil, deben actuar con responsabilidad y transparencia para así poder ofrecer una alternativa importante de desarrollo para la región Arequipa. Esperemos que no se generen más conflictos sociales sobre este proyecto.

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